Hacemos un breve reportaje sobre èsta realidad que afecta a gran cantidad de mujeres y hombres, que en su peor y vergonzosa faceta, involucra tambien a menores de edad.
Comenzamos con èsta nota publicada en El Universal.
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Exhorta Lydia Cacho a ALDF no legalizar prostitución
Firman un escrito grupos que trabajan por los derechos de las mujeres, académicas y organizaciones de la sociedad civil en el que piden a los asambleístas no apoyar la iniciativa; equiparan la trata de mujeres con el secuestro.
María de la Luz González
El Universal
Ciudad de México
Jueves 21 de junio de 2007
Organizaciones de la sociedad civil, académicos y feministas exhortaron a los asambleístas del Distrito Federal a no legalizar la prostitución, porque esa práctica es una forma de violencia hacia las mujeres.
En un escrito con 260 firmas entre las que destacan la de la ex diputada federal Marcela Lagarde, la periodista Lydia Cacho, investigadoras de la UAM, la UNAM y organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, pidieron a los legisladores repudiar la prostitución y la violencia de género sin concesiones ni excepciones.
"No hay excusas para la violación, el pago no hace que deje de ser esclavitud y violencia, aunque ese cuerpo humillado se compre sólo por un rato", sostienen los firmantes.
En el escrito, también hacen un llamado a la reflexión a los legisladores federales por la decisión de la Cámara de Diputados de modificar la minuta de Ley contra la Trata de Personas en perjuicio de las víctimas.
El documento precisa que los legisladores dejaron fuera de la minuta el problema de la trata interna, imponiendo una "pena vergonzosa, casi equivalente a la de la violación y que en nada se acerca a la del secuestro. Queremos que (la trata) se equipare con el secuestro", exponen.
Cuestionan también el que se haya eliminado de la minuta la definición de los medios con los que los tratantes cometen el delito (la fuerza, el engaño y la coacción) así como el abuso de la situación una situación de vulnerabilidad.
"Sabemos muy bien que en el sistema penal mexicano, al presunto responsable no se le puede obligar a declarar en su contra, por lo que le basta con negar y con eso la carga de la prueba se le revierte a la víctima", advierte el escrito.
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